«No los van a liberar ni hoy ni nunca»: Venus Medina denunció ante la Corte IDH la maquinaria de tortura de El Helicoide

La exfuncionaria de PoliChacao reconstruye su detención, las condiciones degradantes que padeció en El Helicoide y el momento en que llevó su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante aproximadamente diecisiete meses permaneció privada de libertad, aunque un tribunal había ordenado su excarcelación. Fue separada de su hijo, escuchó los gritos de otros detenidos, vio las marcas de la violencia en los cuerpos de sus compañeros y comprendió que, dentro de aquella estructura, la ley no llegaba hasta las puertas que controlaba el poder político.

En El Helicoide, el tiempo no se medía con relojes. Los días parecían idénticos bajo la luz blanca, el ruido metálico de los candados y la incertidumbre de no saber cuándo volvería a abrirse una puerta. Venus Soleil Medina Ferrer necesitó una hoja, un lápiz y la ayuda de otras detenidas para dibujar un calendario rudimentario. Preguntaba qué día era y marcaba una nueva casilla, no porque tuviera una fecha de salida, sino para impedir que el encierro le arrebatara también la noción del tiempo. Afuera, un tribunal había ordenado su libertad. Adentro, el Estado se comportaba como si aquella decisión judicial jamás hubiese existido.

Venus era funcionaria de la Policía Municipal de Chacao cuando, en junio de 2016, fue detenida junto con otros trece policías durante la investigación por el asesinato del periodista Ricardo Durán. El crimen debía ser esclarecido con rigor, respeto al debido proceso y pruebas capaces de sostener una acusación. Sin embargo, según su testimonio, ella y sus compañeros fueron señalados públicamente antes de ser juzgados, expuestos ante la opinión pública y recluidos en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional donde la autoridad de los tribunales parecía terminar frente a los barrotes.

El 8 de agosto de 2016, una jueza dictó medidas cautelares sustitutivas de la prisión y ordenó la excarcelación de los funcionarios. Sus abogados llevaron las boletas una y otra vez. Presentaron recursos, insistieron ante las instituciones y exigieron que se respetara una decisión emanada del sistema de justicia venezolano. No ocurrió. La respuesta que Venus recuerda haber escuchado resume con una brutalidad casi pedagógica el verdadero orden institucional del país: «No nos vamos a liberar ni hoy ni nunca. Son órdenes de arriba». No se trataba de una interpretación jurídica ni de una disputa procesal. Era la admisión desnuda de que alguien, por encima de la jueza, había decidido mantenerlos encarcelados.

La funcionaria que confiaba en la ley

Antes de vivir la arbitrariedad desde el interior de una celda, Venus creía en las instituciones. Había sido formada para respetar procedimientos, jerarquías, derechos ciudadanos y límites legales. Explica que ingresar a un cuerpo policial implica atravesar evaluaciones psicológicas, psicotécnicas y académicas, además de prestar juramento como servidora pública. Durante sus años de trabajo operativo, su contacto era directo con la calle y con una ciudadanía que esperaba de los funcionarios protección, equilibrio y profesionalismo. Por eso, cuando comenzaron las acusaciones, pensó que la verdad terminaría imponiéndose dentro de un proceso regular.

Esa confianza no era ingenuidad. Era la consecuencia lógica de haber construido una carrera dentro de un sistema que, al menos sobre el papel, debía responder ante la Constitución y las leyes. Venus conocía la cadena de mando y sabía que un organismo policial no podía colocarse por encima de un tribunal. Sin embargo, su caso le reveló una estructura distinta: una pirámide invertida en la que la orden política tenía más fuerza que una boleta de excarcelación y en la que la justicia podía dictar una decisión sin disponer de los medios para hacerla cumplir.

La acusación se vinculó con un procedimiento policial anterior. Venus relata que ella y otros funcionarios habían interceptado a varias personas durante una actuación de rutina. Uno de los detenidos, identificado por ella como Israel Batista alias «Cara de Yegua», tenía antecedentes y habría ofrecido posteriormente el testimonio utilizado para relacionar a los policías con un arma presuntamente vinculada al asesinato de Ricardo Durán. De acuerdo con su versión, ese señalamiento fue el elemento central empleado para construir la imputación, aunque la persona que lo realizó había sido detenida por ellos y mantenía antecedentes policiales.

Una condena antes del juicio

La maquinaria pública se movió con rapidez. Venus recuerda que debió posar para la fotografía de reseña junto a un cartel que ya incluía la expresión «homicidio calificado». Todavía no existía una sentencia, pero la imagen anticipaba una condena ante la sociedad. Para una funcionaria que aseguraba no haber participado en el crimen, aquel momento no fue un simple trámite administrativo: significó la destrucción inmediata de su reputación y la reducción de toda una trayectoria profesional a una acusación presentada como verdad consumada.

Dentro del propio cuerpo de investigaciones, cuenta, algunos funcionarios manifestaban en voz baja que el expediente respondía a intereses políticos. No podían decirlo abiertamente, pero transmitían su incomodidad y reconocían que conocían la trayectoria de los policías detenidos. Venus conservó entonces la esperanza de que la falta de pruebas terminaría corrigiendo el proceso. Todavía no sabía que, en los sistemas autoritarios, demostrar la inocencia puede resultar menos importante que satisfacer la necesidad política de producir culpables.

Como periodista y como opositor democrático, no puedo abordar este caso desde una falsa neutralidad moral. El asesinato de Ricardo Durán merecía una investigación seria y sus familiares tenían derecho a conocer la verdad. Precisamente por eso resulta inadmisible utilizar un crimen como escenario para perseguir, improvisar responsabilidades o someter a personas a una privación arbitraria de libertad. Defender los derechos de un acusado no significa ignorar a una víctima: significa impedir que el Estado fabrique nuevas víctimas mientras afirma buscar justicia.

Ser mujer dentro del encierro

Venus era una de las dos mujeres del grupo. Desde la audiencia de presentación, dice, ambas fueron colocadas junto con decenas de detenidas por delitos comunes, pese a que la condición de funcionarias policiales podía ponerlas en riesgo. No se trataba de reclamar privilegios, sino de advertir un peligro concreto: cualquier policía encarcelado puede coincidir con personas detenidas durante procedimientos en los que participó. La respuesta institucional, según relata, fue defensiva y desinteresada.

Las condiciones dentro de la celda femenina incorporaban una violencia específicamente dirigida contra la dignidad de las mujeres. El agua no llegaba con regularidad. Los envases plásticos se convertían en objetos de valor porque permitían almacenar apenas unos litros para beber, lavarse o atender necesidades íntimas. La menstruación, que desde afuera puede ser reducida con ligereza a un asunto cotidiano, se transformaba allí en una fuente adicional de humillación. Sin agua suficiente, privacidad ni condiciones sanitarias, el cuerpo femenino era sometido a una degradación silenciosa.

La comida también podía llegar tarde y, en ocasiones, en estado de descomposición. El aire circulaba con dificultad dentro de los espacios cerrados. La piel, el sistema digestivo, el sueño y la salud emocional comenzaban a resentirse. Para Venus, aquellas carencias no eran únicamente el resultado de una infraestructura deficiente. También funcionaban como mecanismos disciplinarios. Quien denunciaba, protestaba o reclamaba podía perder la visita, el acceso al sol o el contacto con sus familiares.

El castigo de hacer preguntas

Una de las amenazas más efectivas consistía en tocar el punto de mayor vulnerabilidad: los hijos. Venus asegura que, cuando se negó a participar en determinados procedimientos de reseña o expresó su inconformidad, recibió advertencias relacionadas con la suspensión de las visitas. El mensaje era claro: podían castigarla utilizando la relación con su hijo. La violencia institucional no necesitaba dejar hematomas para quebrar emocionalmente a una madre; bastaba con recordarle que otros controlaban cuándo podría volver a verlo.

Durante los primeros tres meses no recibió visitas. Explica que ese aislamiento también permitía que desaparecieran las huellas físicas de las torturas sufridas por algunos detenidos antes de que sus familiares pudieran observarlos. En su caso, afirma que no fue sometida a agresiones físicas directas, pero sí a interrogatorios reiterados durante la madrugada, cuando el cuerpo está cansado y la capacidad de resistencia disminuye. Querían que declarara contra uno de sus compañeros y la sometían a una presión calculada para debilitarla.

Aquella experiencia obliga a ampliar la comprensión de la tortura. No toda violencia consiste en una descarga eléctrica o un golpe. También existe la tortura psicológica: escuchar el sufrimiento de otros, anticipar que uno puede ser el siguiente, permanecer en alerta permanente y observar cómo regresan los compañeros con señales de agresión. Venus recuerda gritos incompletos, sonidos apagados por objetos que parecían obstruir la boca de quienes estaban siendo torturados y una atmósfera en la que nadie podía intervenir.

Los cuerpos que regresaban

En las oficinas destinadas a interrogatorios, asegura haber visto recipientes con agua, cintas adhesivas, productos químicos y otros elementos que, según su interpretación, eran utilizados para someter a los detenidos. No habla de rumores escuchados desde lejos. Describe un espacio físico preparado para ejercer coerción y producir miedo. También recuerda haber visto a compañeros con hematomas, lesiones y marcas en el cuerpo después de los interrogatorios.

Uno de ellos, César Mijares, fue dejado durante varios minutos cerca de la celda femenina, con las manos y los pies inmovilizados. Más tarde, cuando le permitieron acercarse a un baño, levantó su camisa para mostrar las lesiones. Venus interpreta aquel gesto como una petición desesperada de auxilio: necesitaba que alguien viera, recordara y pudiera contar lo que le habían hecho. También menciona a Ángel Sánchez y las heridas que observó en sus piernas, presuntamente producidas por electricidad y golpes.

Los gritos nocturnos terminaron formando parte de la rutina. La llegada de nuevas detenidas ocurría muchas veces de madrugada, de modo que cualquier sonido de llaves o cadenas podía anunciar una nueva amenaza. Venus comenzó a padecer insomnio, ataques de pánico y un estado de alerta constante que antes de la prisión no formaba parte de su vida. Dormir dejó de ser descanso. Cada ruido podía significar que alguien estaba siendo llevado a un interrogatorio o que la puerta de la celda volvería a abrirse.

La maternidad también fue condenada

Cuando fue detenida, su hijo tenía cinco años. Estaba acostumbrado a esperarla cada noche después de su jornada laboral. Al principio, la familia le explicó que su madre estaba trabajando. El niño preguntaba cuándo regresaría, convencido de que ella volvería como siempre. Con el paso de los días, la explicación perdió fuerza. En las visitas comenzó a reclamarle: pensaba que no regresaba porque no quería, porque había escogido mantenerse lejos.

Después de la excarcelación, Venus descubrió que el niño había retrocedido en conductas que ya había superado. Volvió a depender de ella como un bebé, temía que lo abandonara nuevamente y no quería separarse. Para él, la ausencia no había sido un proceso político ni judicial; había sido la desaparición repentina de su madre. La persecución no solo había encerrado a una funcionaria. También había intervenido en el desarrollo emocional de un niño y alterado la dinámica de una familia completa.

Sus padres y su hermana sostuvieron la carga de acompañarla en medio de la crisis económica y humanitaria que atravesaba Venezuela. Tenían que conseguir alimentos, trasladarse, tocar puertas, pagar abogados y soportar la humillación de acudir a instituciones que conocían el caso, pero carecían de autonomía para resolverlo. Venus define a su hermana como una figura casi maternal y reconoce en su familia la principal razón para resistir, aunque también admite que verlos sufrir la llevó a pensar que debía recurrir a medidas extremas.

El cuerpo como último recurso

Cuando las boletas, los recursos judiciales y las denuncias no fueron suficientes, algunos detenidos iniciaron huelgas de hambre. El cuerpo se convirtió en la última herramienta de protesta. Venus decidió participar porque sentía que su vida había dejado de importarle frente al dolor causado a su familia y a la necesidad de revelar lo que ocurría dentro de aquellas paredes. Asumió el riesgo como una forma de obligar al país a mirar.

No era una búsqueda de martirio. Era la consecuencia de haber agotado las vías legales en un sistema que no respondía. Los familiares habían acudido a tribunales, organismos públicos y despachos administrativos. Los abogados habían interpuesto recursos y exigido el cumplimiento de las órdenes. Nada bastaba. La huelga demostraba una contradicción estremecedora: para pedir que se obedeciera una decisión judicial, los detenidos debían poner en peligro su propia vida.

Doce de los catorce funcionarios fueron excarcelados el 23 de diciembre de 2017. La liberación fue presentada dentro de una decisión política, aunque desde agosto de 2016 ya existían órdenes judiciales que exigían su salida. Para Venus, aquella circunstancia confirmó el carácter político del caso. No estaban saliendo porque el Estado hubiera reconocido la autoridad de los tribunales, sino porque otro sector del poder había decidido conceder una libertad que nunca debió haber sido retenida.

Una libertad administrada desde arriba

La diferencia no es semántica. Cuando una persona obtiene una boleta de excarcelación, su libertad deja de depender de la voluntad del Ejecutivo. Convertir el cumplimiento tardío de esa orden en un gesto político significa apropiarse de un derecho y presentarlo como beneficio. Es la lógica del autoritarismo: primero arrebata, después devuelve parcialmente y finalmente exige que la víctima interprete la devolución como misericordia.

Venus salió y fue recibida por familiares, compañeros y miembros de la comunidad. Había imaginado durante meses aquel momento, pero la libertad resultó más compleja de lo esperado. Los espacios abiertos, el ruido de los vehículos, la iluminación de los supermercados y la velocidad de la calle podían abrumarla. Después de vivir en un lugar hermético, el mundo exterior se había convertido en un territorio que debía reaprender.

Tuvo la oportunidad de contemplar el mar y comenzar, poco a poco, a somatizar lo sucedido. No quiso forzar su recuperación. Comprendió que el cuerpo había salido de El Helicoide, pero la experiencia continuaba alojada en la memoria, en los reflejos y en el miedo. Esa es una verdad que el discurso político suele ignorar: la excarcelación termina con la reclusión material, pero no necesariamente con la cárcel interior.

La voz frente a la Corte

Años después, el caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venus viajó a Panamá para declarar. No considera que haya hablado únicamente en nombre propio. Dice que su voz llegó también en representación de las madres que recorren centros de detención buscando a sus hijos, de las mujeres separadas de sus familias, de quienes permanecen presos y de las víctimas que murieron sin poder ofrecer su testimonio.

Sentarse ante los jueces internacionales implicó regresar mentalmente a la celda, a la luz blanca, a los gritos y al rostro de su hijo. Pero también significó convertir el dolor en una herramienta contra el silencio. Venezuela no estuvo presente para responder por los hechos de la manera que las víctimas esperaban. Esa ausencia, lejos de reducir la relevancia de la audiencia, volvió más visible la incapacidad del poder para mirar de frente las acusaciones formuladas en su contra.

Venus espera que una eventual sentencia no se limite a reconocer el daño en términos abstractos. Reclama investigaciones, determinación de responsabilidades, reparación y reconocimiento público de la verdad. También defiende la transformación de El Helicoide en un espacio de memoria, de modo que las futuras generaciones y los nuevos funcionarios puedan conocer lo que ocurrió allí y comprender hasta dónde puede llegar un Estado cuando las instituciones abandonan su deber.

El sistema detrás del torturador

Un centro de tortura no funciona únicamente gracias a quien golpea. Necesita custodios que obedecen, superiores que ordenan, médicos que no registran lesiones, fiscales que no investigan, jueces cuyas decisiones son ignoradas y funcionarios administrativos que mantienen el engranaje. Venus insiste en que las responsabilidades penales son individuales y que ninguna persona puede justificar una conducta ilegal alegando que cumplía órdenes.

Su mensaje a los funcionarios que todavía integran organismos represivos es directo: aún pueden decidir de qué lado de la historia colocarse. Muchos son jóvenes y reciben instrucciones de superiores que quizá no estarán presentes cuando llegue la hora de rendir cuentas. Los delitos graves contra los derechos humanos no desaparecen porque cambie el gobierno o transcurran los años. La obediencia ciega no constituye una póliza de impunidad.

Comparto plenamente esa advertencia. Una futura transición democrática no puede limitarse a sustituir nombres en los despachos. Tendrá que reconstruir el Estado de derecho, depurar las instituciones, garantizar procesos justos y establecer responsabilidades individuales sin convertir la justicia en revancha. Venezuela necesitará verdad, memoria y sanciones ajustadas a la ley. La democracia no puede parecerse al poder que pretende superar.

No existe neutralidad frente al abuso

Durante años se ha querido presentar la denuncia de los derechos humanos como propaganda partidista. Esa maniobra busca obligar a periodistas, activistas y ciudadanos a elegir entre el silencio y la acusación de parcialidad. Mi posición es clara: frente a la tortura, la detención arbitraria y la subordinación de los tribunales al poder político, la neutralidad no es equilibrio; es complicidad disfrazada de prudencia.

Ser opositor no me impide examinar los hechos con rigor. Al contrario, me obliga a no repetir consignas vacías ni utilizar el sufrimiento de las víctimas como mercancía política. El testimonio de Venus debe ser escuchado porque contiene datos verificables, un recorrido judicial y una experiencia personal que interpela directamente al Estado venezolano. Su historia no necesita exageraciones. La realidad ya posee suficiente gravedad.

Tampoco se trata de afirmar que todo funcionario acusado es inocente o que toda investigación penal es persecución. Un Estado democrático debe investigar y sancionar delitos, incluso cuando los acusados son policías, militares, dirigentes o periodistas. Pero esa potestad desaparece cuando la acusación se convierte en espectáculo, la prisión preventiva en castigo anticipado y la orden de un juez en un papel que puede ser desobedecido por decisión de una autoridad superior.

Cerrar un edificio no basta

El cierre de El Helicoide como centro de detención sería una medida necesaria, pero insuficiente. Las paredes no torturan por sí solas. El edificio fue convertido en símbolo porque dentro de él actuó una estructura humana, administrativa y política. Clausurarlo sin abrir los archivos, identificar responsables y reconstruir la cadena de mando permitiría que el mismo modelo reapareciera en otro lugar, con otro nombre y nuevas víctimas.

Venezuela tendrá que decidir si desea recordar o fingir que nada ocurrió. La memoria no puede reducirse a monumentos ni ceremonias. Exige expedientes disponibles, testimonios preservados, responsables identificados y una educación institucional que impida repetir el horror. Los futuros policías, fiscales, jueces y militares deberían estudiar estos casos no para heredar odio, sino para comprender las consecuencias de renunciar a la ley.

Venus no compareció ante la Corte para pedir compasión. Tampoco llegó a esta conversación a construirse como heroína. Habló para exigir que la verdad no vuelva a ser encerrada. Contó que perdió el control sobre su tiempo, su comida, su sueño, el contacto con su hijo y su propia libertad; pero también demostró que el Estado no consiguió quedarse para siempre con su voz.

La puerta que Venezuela debe abrir

Una dictadura no comienza únicamente cuando se cierran parlamentos, se manipulan elecciones o se persigue a dirigentes políticos. También se instala cuando una jueza ordena liberar a una persona y un organismo de inteligencia responde que no lo hará porque existen «órdenes de arriba». En ese instante, la Constitución deja de gobernar y la voluntad de una estructura política ocupa el lugar de la ley.

Por eso, este caso trasciende la experiencia individual de Venus Medina. Habla de un país donde el ciudadano puede cumplir con todos los requisitos jurídicos y continuar preso porque el poder decidió otra cosa. Habla de instituciones vaciadas, de familias castigadas, de niños obligados a crecer entre visitas penitenciarias y de funcionarios que olvidaron que el uniforme no los convierte en propietarios de la libertad ajena.

El futuro democrático de Venezuela dependerá de su capacidad para enfrentar esa verdad sin cobardía. No bastará con cambiar de presidente, renovar ministros o recuperar edificios públicos. Habrá que devolverle autoridad a la justicia, proteger la independencia de los jueces, investigar a quienes torturaron y garantizar que ninguna orden política vuelva a tener más fuerza que los derechos fundamentales.

La historia de Venus deja una certeza que debería acompañarnos en la reconstrucción del país: la libertad no es una concesión del gobernante, una recompensa por obedecer ni una ficha negociable entre facciones. Es un derecho. Y un país solo comienza a ser verdaderamente libre cuando ninguna persona, por poderosa que sea, puede cerrar una puerta que la justicia ha ordenado abrir.

La pregunta ya no es únicamente qué le hicieron a Venus dentro de El Helicoide. La pregunta que debe responder Venezuela es otra:

¿qué clase de nación construiremos para garantizar que ninguna madre, ningún funcionario y ningún ciudadano vuelva a escuchar que la ley ha ordenado su libertad, pero el poder ha decidido mantenerlo preso?