Venezuela: el dinero que debía alimentar a un pueblo y las fortunas que crecieron a su sombra

El caso de Alex Saab y Álvaro Pulido vuelve a plantear una pregunta que no puede quedar enterrada entre expedientes judiciales y disputas políticas: ¿qué ocurrió con los recursos destinados a aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos?

Durante años, mientras familias venezolanas reducían sus comidas, recorrían farmacias buscando medicamentos o abandonaban el país en busca de oportunidades, enormes cantidades de dinero público circularon mediante contratos, empresas intermediarias y programas de asistencia social. Las investigaciones judiciales sobre las operaciones vinculadas a Alex Saab y Álvaro Pulido obligan a examinar no solamente las presuntas irregularidades financieras, sino también sus posibles consecuencias sobre la población.

La discusión no debería convertirse en una defensa del Gobierno venezolano ni en una celebración anticipada de condenas judiciales. Las responsabilidades penales deben establecerse mediante pruebas y procedimientos justos. Pero hay una responsabilidad pública que el periodismo no puede eludir: investigar si los recursos destinados a satisfacer necesidades esenciales llegaron realmente a quienes los necesitaban, en qué condiciones fueron administrados y quiénes pudieron beneficiarse de su manejo.

Porque detrás de cada contrato cuestionado puede existir una historia que jamás llegó a los tribunales: la de una madre que recibió alimentos insuficientes, un jubilado que no pudo comprar sus medicinas o una familia que terminó separándose para sobrevivir. Esas experiencias merecen tanta atención como los nombres de los empresarios, los funcionarios y las cantidades investigadas.

Venezuela no necesita que el periodismo proteja a sus gobernantes. Necesita que defienda el derecho de sus ciudadanos a conocer la verdad.

La pregunta fundamental no es únicamente cuánto dinero pudo desviarse, sino qué oportunidades de alimentación, salud y bienestar pudieron perderse como consecuencia de posibles actos de corrupción. Determinarlo exige documentos, testimonios y evidencias; no basta con convertir las sospechas en certezas.

La justicia deberá establecer quién cometió delitos. El periodismo, por su parte, tiene una misión más amplia: reconstruir lo ocurrido, exigir rendición de cuentas y devolver al ciudadano venezolano el lugar central que tantas veces le han arrebatado las disputas por el poder.

Porque el verdadero protagonista de esta historia no debería ser quien acumuló una fortuna, sino el pueblo al que esos recursos estaban destinados.