Las puertas del Palacio de Miraflores volvieron a abrirse para algunos medios independientes en marzo de 2026. Después de años de exclusiones, bloqueos y preguntas sin respuesta, el gesto parecía anunciar una nueva relación entre el poder y la prensa. Las cámaras regresaron al lugar desde donde se gobierna Venezuela; sin embargo, fuera de aquella escena cuidadosamente organizada, numerosos portales informativos continuaban bloqueados y las leyes utilizadas para castigar la opinión permanecían vigentes.

Una puerta abierta puede producir una fotografía convincente. La democracia exige algo más: periodistas capaces de preguntar sin autorización, funcionarios obligados a responder, documentos públicos disponibles y ciudadanos libres para contar lo que ven. La transición venezolana no puede medirse únicamente por los cambios en Miraflores, sino por la posibilidad de investigar a quienes ocupan el poder cuando las cámaras oficiales se apagan.

En marzo, Jorge Rodríguez aseguró que Venezuela vivía “un nuevo momento político” en el que el periodismo podía ejercerse “sin temor a represalias”. La afirmación estableció una medida concreta para evaluar la apertura: si el miedo terminó, también deberían haber desaparecido las condiciones que lo produjeron.

Los datos indican que todavía no ha ocurrido.

El aparato de censura permanece

Durante el primer semestre de 2026, Espacio Público documentó 65 casos, 131 violaciones a la libertad de expresión y 33 detenciones relacionadas con el ejercicio de este derecho. Solamente en junio, en medio de la emergencia ocasionada por los terremotos, registró 19 casos y 26 vulneraciones. La intimidación y la censura fueron las modalidades más frecuentes. Informe de Espacio Público

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa contabilizó, por su parte, 37 incidentes que afectaron directamente el ejercicio periodístico entre enero y junio. El gremio reconoce que después del 3 de enero surgieron ciertos espacios de discusión, pero advierte que esa apertura continúa siendo “parcial, desigual y frágil”. Propuestas del SNTP

El tono del poder puede haber cambiado, pero sus instrumentos permanecen. La llamada Ley contra el Odio continúa vigente y conserva disposiciones ambiguas que pueden utilizarse contra opiniones, publicaciones y mensajes difundidos en plataformas digitales. Conatel todavía posee amplias facultades sobre las emisoras y los servicios de comunicación, mientras numerosos medios siguen enfrentando restricciones para llegar a sus lectores.

En abril, Espacio Público denunció que Conatel no había respondido dentro del plazo correspondiente a una solicitud formal para levantar los bloqueos contra medios y contenidos digitales. La organización también pidió cerrar procedimientos sancionatorios, regularizar concesiones y devolver equipos e infraestructura confiscados. Solicitud presentada ante Conatel

Una transición no se vuelve democrática porque el poder decida hablar con la prensa. Comienza a serlo cuando pierde la capacidad arbitraria de castigarla.

Una libertad que todavía depende del poder

A comienzos de 2026 fueron excarcelados numerosos periodistas y trabajadores de medios. Cada liberación significó un alivio para sus familias, pero abandonar una celda no borra los meses de prisión, la incautación de equipos, las desapariciones temporales ni los procesos judiciales abiertos.

El SNTP hizo entonces una precisión necesaria: los periodistas encarcelados por ejercer su derecho a informar no habían cometido delitos que debieran ser perdonados. Su libertad no podía presentarse como una concesión del Gobierno, sino como una obligación constitucional del Estado. Pronunciamiento del SNTP

Esta diferencia importa. Si un periodista depende de un indulto, una amnistía o una negociación política para recuperar la libertad, el poder conserva la potestad de convertir el periodismo en delito. El problema no termina con la excarcelación: continúa mientras sobrevivan los expedientes, las amenazas, las presentaciones ante tribunales y la posibilidad de volver a detener a quien publique algo incómodo.

También permanece la autocensura, más silenciosa y difícil de contabilizar. Está en la fuente que deja de contestar, en el reportero que guarda una fotografía, en el editor que elimina una frase y en la emisora que decide no mencionar determinado nombre. No siempre hay un funcionario ordenando callar. Después de tantos años, el miedo aprendió a trabajar solo.

La apertura todavía no es una garantía

En julio, la periodista venezolana Luz Mely Reyes, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, presentó un testimonio ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. Su conclusión fue directa: pese a la aparente reducción de la presión contra la prensa, no se han implementado reformas estructurales que garanticen el libre ejercicio del periodismo.

Reyes denunció que medios nacionales e internacionales continuaban bloqueados y que los venezolanos todavía debían utilizar redes privadas virtuales para acceder a información restringida. También advirtió que el marco legal empleado para perseguir el pensamiento crítico seguía vigente después del cambio ocurrido el 3 de enero. Testimonio de Luz Mely Reyes

Reporteros Sin Fronteras ubicó a Venezuela en el puesto 159 de 180 países en su clasificación mundial de 2026. La organización consideró que las garantías para la prensa seguían siendo profundamente inciertas, pese a la liberación de periodistas al comienzo del año. Clasificación de Reporteros Sin Fronteras

No se trata, por tanto, de negar cualquier señal de apertura. Se trata de no confundir gestos con garantías. Una reunión con medios puede suspenderse; una invitación a Miraflores puede retirarse; una promesa puede olvidarse. Los derechos, en cambio, deben estar protegidos por instituciones y no depender de la tolerancia momentánea de quienes gobiernan.

La prensa no está para decorar la transición

Venezuela necesita elecciones transparentes, justicia independiente y reconstrucción institucional. Pero ninguno de esos procesos podrá verificarse si los periodistas reciben únicamente comunicados, asisten a ruedas de prensa sin derecho a repreguntar o dependen de filtraciones administradas por los mismos actores que negocian el futuro del país.

La prensa tampoco puede convertirse en la oficina de relaciones públicas de la oposición. Quienes aspiren a gobernar tendrán que aceptar las preguntas incómodas, la revisión de sus decisiones y la posibilidad de ser contradichos. Haber enfrentado al régimen no concede inmunidad ante el escrutinio. Una democracia comienza cuando nadie puede reclamar el privilegio de no ser cuestionado.

La verdadera apertura llegará cuando Conatel deje de funcionar como instrumento de control; cuando los medios puedan consultarse sin VPN; cuando las normas utilizadas para criminalizar la opinión sean derogadas; cuando los funcionarios entreguen información pública y ningún reportero sea detenido, interrogado o despojado de sus equipos por documentar una protesta, una emergencia o una denuncia de corrupción.

Mientras el régimen conserve las herramientas legales, tecnológicas y policiales que hicieron posible la censura, la libertad de prensa seguirá dependiendo de su voluntad. Y un derecho que depende del permiso del poder no es todavía un derecho.

La transición venezolana podrá cambiar autoridades, magistrados y negociadores. Pero si el periodista aún debe mirar detrás de sí antes de publicar, Venezuela no habrá recuperado plenamente la libertad: solamente habrá aprendido a pronunciarla en los discursos.