
El Gobierno de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal reconocer inmunidad como jefa de Estado a Delcy Rodríguez dentro de una demanda presentada por tres ciudadanos estadounidenses detenidos y presuntamente torturados en Venezuela. Un juez de Miami concedió más de 314 millones de dólares a las víctimas, aunque Rodríguez quedó excluida de la sentencia por la reclamación de inmunidad.
Como periodista venezolano, entiendo que la diplomacia obliga a tomar decisiones incómodas. Lo que no puede aceptarse es que la estabilidad política termine convirtiéndose en una lavandería de responsabilidades. La inmunidad procesal no equivale a inocencia, no desmiente los testimonios de las víctimas ni elimina la obligación de investigar. Cuando la razón de Estado habla demasiado alto, la justicia corre el riesgo de quedarse sin voz. (El País)