Ceuta desbordada: crisis migratoria, presión marroquí y dudas sobre la respuesta de España
Miles de personas procedentes de Marruecos han alcanzado Ceuta por mar y tierra, desbordando la capacidad policial y asistencial de la ciudad. Mientras el Gobierno español asegura que mantiene una cooperación “excelente” con Rabat, la oposición denuncia imprevisión y algunos sectores sospechan que Marruecos ha vuelto a utilizar la migración como instrumento de presión diplomática. Hasta ahora, esa vinculación no ha sido demostrada.
Ceuta afronta este 30 de julio una crisis migratoria de dimensiones excepcionales. Durante la última semana habían llegado alrededor de 1.500 personas a nado, pero la entrada masiva registrada este jueves elevó sustancialmente las cifras. Las estimaciones iniciales de los medios públicos españoles sitúan entre 2.000 y 3.000 el número de personas que habrían conseguido cruzar, aunque la Guardia Civil todavía no ofrece un balance definitivo. La mayoría son ciudadanos marroquíes, pero también se ha identificado a argelinos que permanecían en Marruecos. Entre los recién llegados hay numerosos menores, mientras los centros de acogida se encuentran ampliamente sobrepasados y decenas de personas deben esperar a la intemperie. Reuters, Associated Press.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno central que declare una situación de emergencia nacional, establezca un mando único y refuerce inmediatamente la frontera. Su argumento es contundente: las 1.500 llegadas contabilizadas antes del episodio de este jueves equivalían ya a casi el dos por ciento de toda la población ceutí. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó inicialmente esa declaración al considerar que la legislación española de protección civil no incluye los flujos migratorios entre los supuestos previstos para una emergencia nacional. No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció su desplazamiento a Ceuta y España acordó con Marruecos agilizar las identificaciones y devoluciones legalmente procedentes. RTVE, El País.
Uno de los factores que puede haber favorecido las entradas es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar las llamadas “devoluciones en caliente” a quienes sean interceptados cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando. El alto tribunal determinó que el régimen especial de rechazo fronterizo está concebido para quienes superan las barreras físicas terrestres y no puede extenderse automáticamente al espacio marítimo. La sentencia no concede libre acceso a territorio español ni imposibilita una devolución posterior; obliga a identificar a cada persona, ofrecerle asistencia jurídica y permitirle solicitar protección internacional. Responsabilizar directamente al Gobierno de Sánchez por esa decisión sería incorrecto, porque procede de un poder judicial independiente. Sin embargo, corresponde al Ejecutivo evaluar las reformas legales y los mecanismos de control fronterizo necesarios para cerrar el vacío operativo señalado por el propio tribunal. Consejo General del Poder Judicial.
La principal sospecha política apunta hacia Marruecos. La crisis comenzó pocos días después de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, rival regional de Rabat y principal respaldo del Frente Polisario. Esa coincidencia ha alimentado la hipótesis de una relajación deliberada de los controles marroquíes como advertencia al Gobierno español. El antecedente de mayo de 2021 concede verosimilitud política a la sospecha: entonces, la entrada de miles de personas ocurrió durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali, líder del Polisario. Pero coincidencia y antecedente no constituyen una prueba. Las autoridades marroquíes aseguran que han intervenido para impedir nuevos cruces, y los servicios españoles de inteligencia no han vinculado, por ahora, la actual oleada con el viaje presidencial a Argel. RTVE, The Objective.
Las críticas al Gobierno español, no obstante, no dependen de demostrar una conspiración. El Partido Popular denuncia dejación de funciones, falta de previsión y una reacción tardía frente a un incremento que llevaba varios días produciéndose. Vox utiliza términos como “invasión”, exige cerrar la frontera, desplegar al Ejército y expulsar inmediatamente a quienes hayan entrado de manera irregular. Estas expresiones describen una posición política, no una calificación jurídica: quienes cruzaron irregularmente deben someterse a procedimientos migratorios individuales y los menores poseen protecciones específicas. También carece de pruebas la acusación de que el Gobierno español habría “llamado” o coordinado la llegada de estas personas. La responsabilidad políticamente comprobable del Ejecutivo se encuentra en otro terreno: prevención insuficiente, dependencia del control fronterizo marroquí, saturación de los centros y ausencia de una respuesta extraordinaria con la rapidez exigida por Ceuta.
El episodio deja una conclusión incómoda. España afirma mantener una relación “excelente” y una coordinación “muy intensa” con Marruecos, pero miles de personas consiguieron atravesar una de las fronteras exteriores de la Unión Europea en cuestión de horas. Si Rabat colaboró plenamente, deberá explicarse cómo se produjo semejante desbordamiento; si relajó deliberadamente la vigilancia, España deberá admitir que su seguridad fronteriza continúa condicionada por las decisiones políticas de un tercer país. No hay elementos verificados para acusar al Gobierno de Sánchez de promover la entrada, pero sí razones suficientes para exigir transparencia sobre lo sucedido, reforzar la autonomía operativa de Ceuta y evitar que la migración vuelva a convertirse en moneda de cambio entre gobiernos. Europa Press.