
Durante las primeras semanas posteriores a los terremotos circularon decenas de miles de reportes de personas desaparecidas. Associated Press informó que la oposición recibió más de 38.000 reportes mientras el Gobierno evitaba publicar un registro oficial consolidado. Naciones Unidas continuó reportando necesidades humanitarias y personas sin localizar.
No publicar una lista verificable no reduce la tragedia; multiplica la angustia. Cada desaparecido necesita un nombre, un expediente y una búsqueda institucional. Las cifras pueden contener duplicaciones, incomunicados o personas desplazadas, pero precisamente por eso se requiere un registro público, depurado y auditable. La incertidumbre no puede convertirse en política de Estado. (AP News)