4F: El día que comenzó el derrumbe

El 4 de febrero de 1992 no es una fecha más en el calendario venezolano. Es el punto de partida del deterioro que terminó convirtiéndose en colapso. No fue un simple episodio militar ni una anécdota política: fue la ruptura simbólica de un pacto democrático que, con todos sus defectos, había mantenido al país dentro de un marco institucional.

Desde mi posición como periodista y como venezolano opositor, lo digo sin ambigüedades: ese día se sembró la idea de que la fuerza podía sustituir a la ley. Y cuando esa noción se normaliza, el deterioro no tarda en manifestarse.

El 4F no solo introdujo a nuevos actores en la escena política; introdujo un nuevo método: el atajo. La idea de que las crisis podían resolverse no a través del debate democrático, sino mediante la imposición. Aquello fue presentado años después como un acto heroico, como un despertar popular. Pero el saldo real no se mide en consignas, se mide en consecuencias. Y las consecuencias están a la vista.

Lo que vino después no fue una revolución que elevó al país, sino un proceso que fue debilitando sus pilares. La institucionalidad se erosionó, como una pared que se humedece por dentro. Primero fue la desconfianza en las reglas, luego la concentración de poder, más tarde el silenciamiento progresivo de voces críticas. Y así, paso a paso, Venezuela dejó de parecerse a sí misma.

No hablo desde la teoría. Hablo desde la observación social. En estos años hemos visto cómo se deterioraron los servicios, cómo se pulverizó la economía, cómo la educación dejó de ser garantía de futuro, cómo la salud se volvió un privilegio incierto. Pero, sobre todo, hemos visto cómo millones de venezolanos tuvieron que irse.

Pensar en aquel 4F es entender que cuando un país pierde su estabilidad institucional, también pierde su capacidad de ofrecer futuro. Y sin futuro, la gente parte. Se marcha el talento, se fragmentan las familias, se debilita la esperanza, tal como ocurrió.

Otro de los daños más profundos fue el golpe a la libertad de expresión. Los periodistas aprendimos que informar podía convertirse en un acto de riesgo. Los medios independientes fueron reduciéndose, presionados, cerrados o asfixiados. La pluralidad, que es la base de toda democracia sana, fue reemplazada por un discurso único que no admite matices.

Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Pero el punto de quiebre, el momento en que se legitimó la ruptura del orden democrático como herramienta política, fue el 4 de febrero de 1992. Ese día se cruzó una línea que no debió cruzarse jamás. Porque un país que no identifica el origen de su fractura está condenado a repetirla.

La memoria democrática no es un ejercicio de resentimiento; es un mecanismo de prevención.

El país necesita reconstruirse desde sus bases: ley, voto, alternancia, prensa libre y equilibrio de poderes. Pero ese camino solo puede abrirse si aceptamos una verdad incómoda: el derrumbe no empezó con la economía, empezó cuando se normalizó el rompimiento de la democracia.

Por eso el 4F no debe celebrarse ni maquillarse. Debe estudiarse, entenderse y recordarse como lo que fue: un golpe de Estado, no una rebelión, fue el inicio de un ciclo que terminó en colapso y dejó a la nación sumida en una de las crisis más profundas de su historia.

Tenemos la obligación de no olvidar, para no repetir.